El poder preventivo

La verdadera autonomía es decidir quién cuidará de ti mañana

Hay decisiones que revelan una idea profunda de libertad. No son las que se toman en mitad de la urgencia, cuando el problema ya ha estallado y apenas queda margen de maniobra, sino aquellas que se adoptan con serenidad, previsión y conciencia de futuro. El poder preventivo pertenece precisamente a esa categoría de decisiones trascendentales. Es un instrumento jurídico que permite a cualquier persona decidir hoy quién cuidará de sus asuntos mañana si algún día pierde la capacidad de hacerlo por sí misma.

En una sociedad cada vez más envejecida, donde las enfermedades neurodegenerativas avanzan al mismo ritmo que aumenta la esperanza de vida, el Derecho tiene que ofrecer respuestas jurídicas diferentes a las que se basan en soluciones judicializadas cuando el deterioro ya se ha producido. Debe ofrecer también herramientas de anticipación, autonomía y dignidad.

Ese es, precisamente, el espíritu que inspiró la reforma introducida por la Ley 8/2021. Con ella desapareció el modelo de incapacitación judicial para dar paso a un sistema que se centra en los apoyos y en el respeto a la voluntad de la persona.

Dentro de este nuevo marco normativo, el poder preventivo emerge como una figura muy útil dentro de nuestro ordenamiento aunque aún es una gran desconocido para muchos. Estas son las claves de su funcionamiento.

1.- Es un acto de previsión, no de renuncia.

Son muchas las ocasiones en que compruebo que muchas familias descubren demasiado tarde este instrumento. El deterioro cognitivo aparece de forma progresiva —un Alzheimer incipiente, una demencia, determinadas patologías psiquiátricas o incluso las secuelas de un accidente cerebrovascular— y, cuando la situación exige actuar, la persona ya no puede otorgar válidamente un poder. Entonces el único camino posible es acudir a los tribunales para constituir medidas judiciales de apoyo, nombrar un curador y seguir todo este proceso que nunca resulta fácil para la familia.

Ese escenario, sin embargo, puede evitarse en numerosos casos mediante una decisión adoptada a tiempo. El poder preventivo permite precisamente eso: que una persona, mientras conserva plenamente sus facultades, designe anticipadamente a alguien de su confianza para actuar en su nombre cuando eventualmente necesite apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica.

A diferencia del poder ordinario, el poder preventivo mantiene su eficacia incluso cuando sobreviene una situación de discapacidad o deterioro cognitivo del poderdante. Es decir, el documento no se extingue cuando más se necesita, sino que es precisamente entonces cuando despliega toda su utilidad.

De esta forma, es la propia persona la que decide con antelación, en un momento de plena lucidez y libertad, quien quiere que tome las decisiones necesarias para cuando le resulte imposible adoptarlas personalmente.

Ese matiz tiene una enorme relevancia jurídica y humana. La persona conserva el control sobre su futuro y decide quién administrará su patrimonio, quién podrá gestionar sus cuentas bancarias, contratar asistencia residencial, atender obligaciones económicas...

2. Evita conflictos cuando la falta de capacidad aparece.

Pocas situaciones generan tanta tensión familiar como el deterioro cognitivo de un ser querido. La pérdida progresiva de autonomía suele ir acompañada de incertidumbre emocional, desgaste económico y, en no pocas ocasiones, enfrentamientos entre familiares.

¿Quién debe asumir la gestión del patrimonio? ¿Quién toma decisiones? ¿Qué ocurre si existen desconfianzas entre hermanos o intereses económicos contrapuestos?

Cuando no existe previsión previa, esos conflictos terminan frecuentemente trasladándose a los tribunales.

El poder preventivo reduce enormemente ese riesgo porque introduce claridad evitando en gran medida estos problemas porque existe una decisión previamente adoptada por quien ahora necesita apoyo.

Desde un punto de vista práctico, además, las ventajas son evidentes. El apoderado puede actuar con rapidez para gestionar pagos, administrar bienes, relacionarse con entidades bancarias o adoptar decisiones patrimoniales sin necesidad de iniciar un procedimiento judicial de medidas de apoyo.

La diferencia no es menor. Los procesos judiciales, aun bajo el nuevo sistema, continúan siendo complejos, emocionalmente difíciles y en ocasiones lentos. El poder preventivo permite evitar gran parte de esa carga burocrática y psicológica.

3.- Un poder amplio, pero no ilimitado.

Precisamente porque esta figura puede desplegar efectos en momentos de especial vulnerabilidad, el legislador ha querido rodearla de importantes garantías.

El poder preventivo no es un cheque en blanco.

El Código Civil permite modular su contenido con enorme flexibilidad. El poderdante puede limitar facultades, establecer controles, exigir rendición periódica de cuentas, designar varios apoderados con funciones diferenciadas o incluso prever mecanismos de supervisión por terceros.

Esa capacidad de personalización es muy importante porque no todas las realidades familiares son iguales ni todos los patrimonios requieren el mismo nivel de complejidad. Hay personas que solo desean delegar cuestiones económicas básicas mientras que otras tienen que considerar operaciones patrimoniales más amplias o complejas.

4.- El notario como garante de libertad y seguridad jurídica.

El poder preventivo tiene que otorgarse en escritura pública ante notario y esta intervención notarial va mucho más allá de la mera formalización documental.

El notario debe asegurarse de que el otorgante entiende plenamente el alcance del poder, de que actúa sin presiones externas y de que el contenido del documento se adapta adecuadamente a sus circunstancias personales y familiares.

5.- Una sociedad que aún evita hablar de la dependencia.

Pese a sus evidentes ventajas, el poder preventivo sigue siendo una figura desconocida para buena parte de las personas. Lo compruebo cada día entre mis clientes.

Existe todavía una resistencia cultural a planificar escenarios de futura dependencia. Muchas personas perciben estas herramientas como algo reservado para ancianos, enfermos graves o situaciones extremas. Otras sienten que otorgar un poder implica perder inmediatamente el control de su vida.

Sin embargo, es justamente lo contrario. El poder preventivo es eficaz precisamente porque se otorga cuando la persona conserva intacta su capacidad de decidir. No supone una renuncia a la autonomía, sino una previsión de futuro.

Del mismo modo que alguien contrata un seguro, redacta un testamento o planifica su jubilación, puede también organizar jurídicamente la forma en que desea ser asistido si algún día no cuenta con la capacidad suficiente para encargarse por sí mismo.

En definitiva, el poder preventivo evita conflictos, procedimientos innecesarios, agiliza la gestión familiar y refuerza la seguridad jurídica. Pero, sobre todo, protege algo más importante que el patrimonio: la voluntad de la persona.

Porque la verdadera protección jurídica no comienza cuando alguien pierde facultades. Comienza mucho antes, cuando el ordenamiento le permite decidir libremente cómo quiere afrontar esa eventual vulnerabilidad futura.